Alberto Fujimori

Alberto Fujimori es un polémico ex gobernante de Perú, por la forma autocrática en la que administró el país, la corrupción que fomentó, la violación de derechos humanos expresada en homicidios, desaparición forzada de personas, tortura y otros delitos de lesa humanidad y el tremendo descalabro económico que enfrento su país. Todo ello caracterizaron su gestión al frente de Perú.
Alberto Kenya Fujimori Fujimori nació el 28 de julio de 1938 en Lima (Perú), en el seno de una familia de origen japonés. Sus padres fueron Naoichi y Mutsue Fujimori, quienes se embarcaron solos en el puerto de Yokohama en 1934, además fueron cosechadores de algodón, emigraron desde Kumamoto, Japón, en 1934. Según los documentos migratorios, la pareja no trajo niños consigo, con lo que se despeja la hipótesis de que el ex mandatario hubiera nacido en el Japón.

Fujimori, Realizó en Lima estudios primarios en el colegio Nuestra Señora de la Merced y la escuela pública La Rectora, sus estudios secundarios fueron hechos en la gran unidad escolar Alfonso Ugarte. Educado en los valores de laboriosidad y superación personal típicamente orientales, e influenciado por las tareas agrícolas familiares, en 1957 ingresó en la Universidad Nacional Agraria de la Molina y en 1961 se graduó en Ingeniería agrónoma como el número uno de su promoción.

En 1962 empezó a dar clases de Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la universidad, una especialidad que junto a la Física estudió en 1964 en un curso en la Universidad de Estrasburgo, Francia.

Becado por la Fundación Ford en 1970, hizo otro posgrado en la Universidad de Wisconsin, EU, donde recibió el título de máster en Ciencias. En reconocimiento a sus méritos científicos y académicos, en 1984 le fue conferido el decanato de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y el rectorado de la propia universidad.

Posteriormente recibió sendos doctorados honoris causa por la Universidad Particular San Martín de Porres (1986) y la Universidad belga de Gembloux (1987). En 1987 se convirtió en presidente de la Asamblea Nacional de Rectores.

Sus inquietudes sobre la situación del agro y la universidad peruanos le llevaron a dirigir durante año y medio el programa de televisión Concertando; le acercaron a los ambientes de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), partido al que pertenecía el entonces presidente Alan García Pérez (1985-1990).

En 1988, liberado de sus responsabilidades académicas, comenzó a preparar su propia fuerza política, Cambio 90 (C90), que fue registrado oficialmente el 5 de octubre de 1989 como un movimiento cívico independiente.

Inscrita para las elecciones presidenciales de 1990, su candidatura marginal, al lema de "honestidad, tecnología, trabajo" y con mensajes de orientación pragmática y tecnocrática sobre la necesidad de ofrecer una alternativa a los políticos y partidos tradicionales y de moralizar la política, apenas despertó el interés de los medios de comunicación; sin embargo, Fujimori ascendió meteóricamente en las encuestas y el día de los comicios obtuvo el 30,7% de los sufragios, situándose a sólo tres puntos del célebre literato y cabeza del centroderechista Frente Democrático (Fredemo) Mario Vargas Llosa, máximo favorito a priori y apoyado por la élite terrateniente y empresarial.

Pero, finalmente, el Tsunami Fujimori, en expresión de un alias electoral, barrió en la segunda vuelta del 10 de junio con el 56,5% de los votos frente al 33,9% de Vargas Llosa movilizándose así, los apristas y la izquierda en bloque.

El 28 de julio Fujimori tomó posesión de la presidencia con un mandato quinquenal y constituyó un Gobierno con personalidades técnicas, ninguna de las cuales pertenecía a C90.

La victoria de El Chino (apelativo dado por sus seguidores y gustosamente aceptado para recalcar su ascendiente no europeo y, por tanto, "mestizo", bien diferenciado del "blanquito pituco", como despectivamente se tildó al novelista), sin trayectoria política alguna y con apenas medios, constituyó un voto de censura sin precedentes a la clase política tradicional, desacreditada por la corrupción y los desbarajustes financieros, y despertó el interés de politólogos de todo el continente.

Pero, una vez llegado al poder, Fujimori ubicó sus promesas populistas y aplicó las recetas neoliberales que había propugnado Vargas Llosa.

La terapia de choque económica, o vulgarmente llamado fujishock, se dirigió a interrumpir la hiperinflación (7.500%), revertir la recesión (-6% del PIB) y recortar la deuda exterior, entre otros capítulos de la desastrosa coyuntura heredada.

Al mismo tiempo, Fujimori desarrolló una agresiva diplomacia, con numerosos viajes y encuentros destinados a renegociar el pago de la deuda, obtener nuevas ayudas financieras y favorecer la inserción del Perú en los esquemas de cooperación e integración regionales e internacionales.

Confiado en su posición y decidido a eliminar obstáculos para sus planes de gobierno, Fujimori quebró el orden constitucional con un golpe de Estado en la noche del 5 al 6 de abril de 1992. En su mensaje a la nación anunció que "ante la inoperancia del Parlamento, que obstruye sistemáticamente las facultades del Gobierno, y el alto nivel de corrupción al que ha llegado el Poder Judicial, demostrado por la inexplicable liberación de terroristas y narcotraficantes", procedía a la disolución "temporal" del poder legislativo, la suspensión de la Constitución y de la actividad política, y la "reorganización" del poder judicial.

La colaboración del Ejército desbarató cualquier conato de resistencia de sectores políticos a la maniobra presidencial, mientras que, una parte de los congresistas intentaron, desde la clandestinidad e invocando la legitimidad constitucional, contraponer un poder encabezado por el vicepresidente, Máximo San Román, que contó con el respaldo de la mayoría de la población.

Al comenzar 1993 era ya un hecho la normalización de las relaciones exteriores del Perú, salvo con Venezuela, cuyo presidente, Carlos Andrés Pérez, no perdonaba el asilo concedido a los golpistas bolivarianos del teniente coronel Hugo Chávez, que intentaron derrocarlo en noviembre de 1992, y Fujimori asistió a numerosas asunciones presidenciales y a cumbres del hemisferio occidental, como las de la iniciativa de Las Américas, las del Grupo de Río o las Iberoamericanas.

Presentó ante la opinión pública como un gran triunfo del Estado la espectacular captura, el 13 de septiembre de 1992, de Abimael Guzmán, el temido líder de Sendero Luminoso, poderosa organización guerrillera convertida al terrorismo indiscriminado que sería golpeada severamente por las fuerzas de seguridad, en lo sucesivo con carta blanca para la erradicación de la insurgencia.

El 9 de abril de 1995 tuvieron lugar elecciones generales, que revalidaron a Fujimori en la presidencia con el 64,4% de los votos, frente al 21,8% obtenido por el ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar, y a su partido en las legislativas con el 52,1% y 67 de los 120 escaños del nuevo Congreso de la República unicameral. El 28 de julio Fujimori inició su segundo mandato, formalmente investido de la legitimidad democrática que tuviera hasta 1992.

Completada la renovación institucional a la medida de su impulsor y estabilizada la economía, no pocos analistas se rindieron a los éxitos de Fujimori, presentados como un singular ejercicio de ingeniería política al servicio de unos objetivos.

Todavía no compartidas por una mayoría de la sociedad, la oposición formuló críticas hacia el autoritarismo del presidente y su rechazo a las fórmulas de consenso político, así como a una gestión económica rigurosa cuyos mayores logros, sobre la inflación (rebajada a dos dígitos en 1992) y el crecimiento (positivo desde 1993), habían tenido un coste social desmesurado.

Fujimori cultivó la imagen de estadista expeditivo, poco dado a sutilezas o a atender prédicas sobre el respeto de los Derechos Humanos, pero en sus apariciones públicas hizo exhibición de una jovialidad y un transformismo sorprendentes; fuera para visitar remotas poblaciones indígenas del Altiplano o a los soldados destacados en el frente durante la breve guerra fronteriza con Ecuador en enero y febrero de 1995, el presidente peruano se colocaba la indumentaria más a tono para la ocasión con la naturalidad más desarmante sin miedo de caer en el ridículo.

Máxima expresión de este pintoresco pero eficaz populismo de cuidada puesta en escena fue la dirección personal el 22 de abril de 1997, enfundado en un chaleco antibalas, del asalto a la embajada nipona en Lima, en manos de un comando del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) desde el 17 de diciembre anterior. La operación se saldó con la liberación de los rehenes y la muerte de todos los guerrilleros, durante el tiroteo o ejecutados a continuación.

Por otro lado, el viejo litigio con Ecuador por la delimitación de la frontera en la región altoamazónica de Cenepa, motivo del conflicto armado de 1995, al que se llegó a la voluntad de superación expresada por Fujimori y su homólogo ecuatoriano Rodrigo Borja en su histórica reunión del 9 de enero de 1992 en Quito, evolucionó hasta la firma de un acuerdo de paz con el nuevo mandatario ecuatoriano, Jamil Mahuad, en Brasilia el 26 de octubre de 1998. El documento, que recogía la resolución del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 sobre la disputa territorial, fue considerado favorable a Ecuador.

Conforme se adentraba en el ecuador de su segundo mandato, Fujimori, que hasta entonces nunca se había echado atrás en una decisión ni reparado en sus secuelas, insinuó su voluntad de optar a un tercer mandato, para lo que dispuso las reformas legales necesarias. El 27 de agosto de 1998 la iniciativa del arco de partidos opositores, crecientemente contestatarios y agrupados desde el 6 de junio de 1997 en un Bloque Parlamentario de Oposición Democrática, de someter a referéndum la pretensión presidencial, fue derrotada en el Congreso por 67 votos contra 45.

El 27 de diciembre de 1999 Fujimori anunció formalmente su intención reeleccionista, noticia que, fue calificada por una decena de partidos de oposición como violación constitucional. Según la polémica Ley de Interpretación Auténtica de la Constitución, aprobada por el Congreso en 1997, el primer período quinquenal reelegible se había iniciado en 1995 bajo la nueva Constitución, con lo que el titular, si lo deseaba, estaba facultado para un segundo período a partir de 2000.

En su campaña Fujimori hizo balance de sus logros en economía, con una inflación reducida al 3,5%, los precios estabilizados y una evolución positiva del crecimiento desde 1990, en la política exterior y en la lucha antisubversiva, cuya última campanada había sido la captura del sustituto de Guzmán al frente de Sendero Luminoso, Óscar Ramírez Durand, alias Feliciano, el 14 de julio de 1999, verdadero golpe mortal para la guerrilla maoísta.

En esos meses cristalizó el malestar popular por los excesos represivos de las fuerzas de seguridad, protagonistas de numerosas violaciones de los Derechos Humanos, el autoritarismo del presidente y la degradación de la situación económica, que a finales de 1998 registró una súbita caída de la producción y un fuerte incremento del desempleo, datos que pusieron en entredicho la viabilidad del modelo neoliberal tras años de eficacia macroeconómica.

Mientras tanto, Fujimori acudió a la primera vuelta de las elecciones el 9 de abril de 2000 seguro de batir, a su contrincante Alejandro Toledo Manrique, que al frente del movimiento Perú Posible había acertado en capitalizar el descontento popular. Sobre la caótica jornada electoral y el subsiguiente escrutinio recayeron graves sospechas de fraude, sobre todo por el retraso en varios días de la publicación de los resultados, los cuáles dieron como ganador a Fujimori con el 49,8% de los votos, a sólo de décimas de la mayoría absoluta.

El 18 de mayo Toledo anunció que no concurriría a la segunda vuelta si no se retrasaba su fecha prevista del 28 de mayo al 18 de junio para corregir las múltiples irregularidades que, impedirían una elección limpia. Por lo que se refería a las legislativas, la alianza oficialista Perú 2000, integrada por C90-NM, Vamos Vecino y Frente Nacional Independiente Perú 2000 ganó 52 escaños con el 42,2% de los sufragios.

Ni la retirada de la OEA del proceso ante la falta de garantías (22 de mayo) ni la velada amenaza de sanciones de Estados Unidos (26 de mayo) atemorizaron a Fujimori que, se presentó en la fecha señalada como candidato único. La Comisión Nacional Electoral le concedió un 74,7% de los votos válidos, siendo un 25,2% para la papeleta de Toledo. El 30,8% de papeletas fueron declaradas nulas por presentar escrita la frase "No al fraude" que había solicitado el candidato retirado a aquellos electores que no deseaban abstenerse. La consumación del proceso reeleccionista desató serios disturbios en todo el país.

En los días siguientes a Fujimori volvieron a lloverle censuras internacionales, sobre todo de Estados Unidos y la Unión Europea, pero las negaciones de legitimidad verbales no parecieron revestir mayores consecuencias. El 9 de junio las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional manifestaron su acatamiento al presidente, y el mismo día Rusia, Japón y Venezuela expresaron su reconocimiento de la victoria electoral.

El 28 de julio, coincidiendo con el 179 aniversario de la independencia y con una segunda ola de disturbios en Lima que causó seis víctimas mortales y graves destrozos, Fujimori juró su tercer mandato.

Sin embargo, no iba a poder terminar este tercer ejercicio. El 15 de septiembre se desató tremendo escándalo cuando el opositor Frente Independiente Moralizador difundió un vídeo en el que se veía a un congresista recientemente fugado al bloque fujimorista recibir dinero de Vladimiro Montesinos, asesor y colaborador de Fujimori desde 1990.

Apelado el Rasputín Andino por su perfil turbio e intrigante y bestia negra de la oposición, a Montesinos se le tenía por responsable encubierto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y por el verdadero cerebro de las operaciones contra el terrorismo, la delincuencia y el narcotráfico. La opinión pública había personificado en él las graves violaciones de los Derechos Humanos imputadas al régimen y los fenómenos de corrupción.

El día 17 Fujimori salió a escena para anunciar la convocatoria de nuevas elecciones en 2001, la entrega del poder al ganador de las mismas y la desactivación del SIN. Reconociendo que la grabación clandestina (que para muchos tenía el viso de una celada al presidente) había provocado "un fuerte impacto en la estabilidad del país", justificó su retirada para no constituir "un factor de perturbación y, menos aún, un obstáculo para fortalecer el sistema democrático".

El 24 de septiembre Montesinos abandonó el país como un fugitivo y llegó a Panamá, donde recibió asilo. Pero el 23 de octubre aterrizó en una base militar peruana para acto seguido pasar a paradero desconocido. La espectacular noticia desató la alarma en el país, con la oposición preguntándose qué se escondía tras este trasiego, cuyo beneplácito por Fujimori no descartaba.

El presidente tuvo que recorrer los acuartelamientos para asegurarse la lealtad de los mandos, resentidos por los presuntos chantajes y presiones, con aviesos propósitos, del omnipresente Montesinos, que además era un civil. En apariencia enemistado mortalmente ya con su ex asociado, a finales de octubre Fujimori destituyó la cúpula del Ejército para excusar hipotéticas asonadas y hasta escenificó la caza y captura del renegado, impartiendo órdenes en indumentaria de campaña como si un comandante se tratara, exactamente igual que en la crisis de la embajada nipona en 1997. Desde el 29 de octubre sobre Montesinos pesó una orden internacional de búsqueda cursada por la Interpol.

Para Toledo y el resto de la oposición el aparatoso operativo para "ubicar" (en expresión de Fujimori) a Montesinos era una farsa que apuntaba a la descomposición del régimen, pero, bajo los auspicios de la OEA, siguieron negociando con el Gobierno un paquete de reformas legales para apuntalar el período de transición.

El 26 de octubre las partes acordaron que las elecciones serían el 8 de abril de 2001 y la transferencia presidencial el 28 de julio, luego de retirar el Gobierno la condición de enviar al Congreso para su aprobación una ley de amnistía a los militares implicados en violaciones de Derechos Humanos. Con grandes dificultades, las negociaciones prosiguieron en torno a las demandas opositoras, como la despolitización de la judicatura y los medios de comunicación, y el desmantelamiento efectivo del SIN.

De nuevo, Fujimori decidió anticipar drásticamente el final de su mandato. El 14 de noviembre viajó a Brunei para asistir a la VIII Cumbre de la APEC, los días 15 y 16. El 18 debía estar en Panamá para tomar parte en la X Cumbre Iberoamericana, pero a cambio se dirigió a Japón y se quedó allí. El 20 de noviembre, envió la carta de dimisión al Congreso peruano, pero al día siguiente la cámara lo que hizo fue declarar al mandatario "moralmente incapacitado" para el desempeño de su cargo y destituirle, con efecto el día 22.

En los días siguientes a su remoción, Fujimori negó las imputaciones de que tenía cuentas bancarias en Japón, donde dijo encontrarse "de visita" como "un ciudadano corriente". También aseguró ser víctima de una "campaña psicosocial" de Montesinos, quien intentaría implicarle en una trama de corrupción ficticia incluyendo la "fabricación" de un imaginario desvío de varios millones de dólares a cuentas suyas en el extranjero. El caso es que el 28 de noviembre el procurador especial encargado del caso Montesinos informó que existía una "conexión demostrable" entre las actividades ilegales de él y Fujimori, las cuales irían del lavado de dinero al enriquecimiento ilícito.

El 12 diciembre el Gobierno japonés, confirmó que Fujimori tenía la doble nacionalidad, luego podría permanecer en el país tanto tiempo como quisiese. La noticia suscitó una nueva ola de indignación en el Perú, de la que no se sustrajeron dirigentes de Perú 2000. A finales de mes el ex presidente volvió a salir a la palestra para anunciar su regreso a la política peruana, si bien no hasta que cesase contra él la "persecución política".

El 13 de febrero de 2001 la Fiscalía de la Nación acusó formalmente al ex mandatario de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos, y seis días después fue la comisión investigadora del Congreso la que aprobó el mismo procedimiento por los cargos de incumplimiento de su deber de hacer cumplir las leyes y la Constitución peruanas, de usurpuación de funciones y de abandono de la función pública. El 23 de febrero el pleno del Congreso presentó un acusación constitucional en su contra y lo inhabilitó para el desempeño de cualquier cargo público durante diez años. Cinco días más tarde, la Fiscalía de la Nación remitió la denuncia correspondiente a la Corte Suprema.